30 abr. 2014


por Melisa Ross

En agosto de 2013 ingresó al trámite legislativo el primer proyecto de Ley de la Música para Corrientes. Diseñado para atender necesidades concretas de músicos, productores y locales, elaborarlo significó también comenzar a pensar el lugar de la música en las políticas públicas desde la coyuntura y desde la proyección. Un relato en primera persona acerca de cómo se conjugan ley y música en la misma oración.

¿Por qué la ley y no mejor la nada?
A todos nos gusta un poco la anarquía. El dulce sabor de las palabras de ¬repudio al estado, a la ley, a dios y a la patria madre –todo con minúsculas– sigue siendo impagable; la satisfacción en la actitud posmo de nariz arrugada y tonito sarcástico no se agota a pesar de la recurrencia al lugar común. La política apesta, somos artistas, libre expresión, la vie bohème, etc… ¿Leyes para músicos? ¡A quién se le ocurre!

Bueno, para empezar, a los propios músicos. Y es que, opinemos lo que opinemos: 1) hay un gobierno; 2) ese gobierno elabora las políticas públicas como le place; 3) lo hace con nuestro dinero; 4) lo que decide nos afecta a todos, sin reparar demasiado en nuestra voluntad y/o en nuestras narices arrugadas en señal de desprecio. Así que anarquismo, sí, pero pragmático: nadie más idóneo que uno mismo para explicar lo que hace y señalar lo que necesita para poder seguir haciéndolo.

Desde aquí creemos que las mejores alternativas son las que concurren y no las que se excluyen, y que es válido construir colectivamente herramientas concretas que aporten al presente y sienten bases para otros futuros posibles. Es así que, cuando un grupo de músicos se acercó a la oficina de la Diputada Sonia López –primer legisladora del Partido Comunista en la historia de nuestra vieja y conservadora provincia– para proponer una “Ley de la Música” propia, quienes allí trabajamos no pudimos sino decir: de una. Para eso estamos.

Sabemos que cuando los términos jurídicos se atraviesan con la vida real el resultado suele ser, como mínimo, chistoso. También puede ocurrir que sus mandatos, letra muerta, jamás se encuentren con la gente de carne y hueso. En el peor de los casos, se tergiversan sentidos y se usurpan para favorecer los intereses de siempre; en el mejor, en una de esas hasta se cumplen. Las leyes están ahí tratando de colarse por donde puedan (créanme, ese es justamente mi trabajo). Como redactora del proyecto en cuestión, considero oportuno decir algunas palabras a favor y en contra de la iniciativa, sus implicancias y lo que podría ocurrir a continuación.



Ley de la Música: La experiencia nacional y otras calesitas

Si empezamos por el principio, cabe recordar que en diciembre del año pasado se sancionó la Ley Nacional N° 26.801, conocida en los medios de comunicación como la Ley de la Música, producto de más de 4 años de trabajo de asociaciones de músicos independientes que incluyeron a grandes figuras de los escenarios nacionales. En labor conjunta con legisladores de la Cámara Baja del Parlamento Nacional, finalmente se condensaron los reclamos de la industria musical largamente blandidos en un proyecto cuya finalidad principal es fomentar económica e institucionalmente la actividad de los músicos argentinos en las sucesivas etapas que integran la producción musical.

Para ello, los músicos-redactores se valieron de algunas de las ideas más raras que esta humilde jurista ha leído en muchísimo tiempo: la creación de un ente público no estatal (términos contradictorios entre sí), la emisión de Vales de Canje (sí, señora: los populares CUPONES), y la creación de un Registro que le extiende a usted, cantautor, intérprete y/o agrupación musical argentina, su correspondiente Carnet de Músico ( “sin examen” se apuran a aclarar, ni evidencia alguna de que el inscripto produzca alguna clase de música en absoluto).

Suponemos que la buena voluntad y una muy comprensible desconfianza hacia los hábitos de la administración pública que todos conocemos los llevaron a plasmar sus intenciones en forma lo más fiel y clara posible. No será de la técnica legislativa más pulida, pero la Ley de la Música traduce con bastante precisión lo que quisieron garantizar: un Estado presente con políticas culturales definidas y bien concretas, con participación directa de los sectores interesados y atendiendo a las particularidades de la actividad.

Si bien se apunta a responder sólo algunas de las preocupaciones más inmediatas de los primeros involucrados -los músicos-,  ha tenido también el importante mérito de constituirse en la primer iniciativa legislativa en escuchar los reclamos del sector así como de respetar escrupulosamente sus propuestas. Con un poco de suerte y bastante de trabajo, será una herramienta de suma utilidad que abrirá el camino para empezar a trabajar cuestiones más finas y ampliar el acompañamiento a otros actores de la escena musical, tales como productores y escenarios.

No puede dejar de mencionarse que en los últimos años se ha visto al Estado Nacional entrar en acción en sectores desde siempre abandonados a la iniciativa privada, a la lógica de mercado, a los designios empresariales y a la imposibilidad de profesionalización para verdaderos trabajadores que, a diferencia de cualquier otro, no podían vivir de aquello que aman hacer. Esta Ley se inserta en una cartografía macroestructural, que incluye a otras como la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (“Ley de Medios”) o la Ley de Puntos de Cultura y a sendos programas dentro de la Subsecretaría de Cultura de la Nación (MICA, SInCa, Recalculando...), todos ellos directamente orientados al fomento de las Industrias Culturales.

Los mapas que conforman esta cartografía gritan a toda voz la más que evidente intención de Nación de estar presente, de intervenir como promotor de la diversidad cultural, de las expresiones artísticas y de la producción material e inmaterial que de ella surge, de ir a la par como moderador de una “economía creativa”, teniendo presente un detalle no menor: las industrias culturales también pueden ser rentables.

Restan una moraleja y una pregunta. La primera: músicos, alquílense un asesor legal que les escriba sus leyes, tenemos precios razonables. La última: ¿es deseable la reglamentación de estas esferas del quehacer? ¿queremos un Estado tan presente?

Continuará...

0 comentarios:

Publicar un comentario